Tapachula, Chis. 29/04/2024
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Por: Lilia Arellano
Ciudad de México, 14 de abril de 2024.- El escándalo despertado ante la denuncia presentada por la ministra presidente de la SCJN en contra de su antecesor y varios de sus más cercanos colaboradores, como era de esperarse, trascendió hasta Palacio Nacional, llega al templete mañanero, surge en las opiniones de los candidatos a la presidencia de la República y es, sin duda, la prueba de fuego para el fiscal “autónomo” Alejandro Gertz Manero.
Se expone claramente aún puede tener remedio el mal manejo y los sinsabores de una aplicación de la justicia sumamente cuestionada, se nos revela existen por fortuna quienes tienen muy claro su papel y la dimensión de su responsabilidad, como es e caso de la ministra Norma Piña y seguramente de varios de los miembros de la Corte a quienes, sin duda, debe haber consultado antes de presentar la denuncia. Conocedores de las leyes, seguramente tienen las pruebas suficientes, es más, antes, habrán analizado concienzudamente la documentación cuentan para avalar su acusación. Frente a pruebas contundentes, poco material tendrá el asesor del oficialismo para defenderse, más aún cuando sus declaraciones públicas al momento de renunciar y lo expresado por López Obrador pretendiendo prolongarle el mandato es probatorio de la violación a principios básicos de la Corte: autonomía e independencia.
López Obrador no cesará en su intento de seguir persiguiendo al Poder Judicial, de denigrarlo y la defensa de su querido ex ministro será la nueva bandera de distracción para evitar abordar todas las crisis, los resultados de a violencia en el país incluyendo los asesinatos del fin de semana entre muchos otros daños. Para su candidata, la Sheinbaum es “una venganza”, intenta restarle importancia y como en los informativos: cambia el tema. La Gálvez va sobre lo básico: la investigación; el mercenario solo sabe hacer chistes. Ahora que, teniendo en cuenta el proyecto no logrado de extender el mandato de Saldívar, la Corte recibirá todo el apoyo ciudadanos, de muchas organizaciones dirigido particularmente a la ministra Piña y tendrá el merecido reconocimiento a su valentía.
MIRANDO HACIA ATRAS
Ahora que, no hay nada nuevo bajo el Sol pese a la presencia de los eclipses. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no son ajenos a las influencias terrenales. Varios de los 11 integrantes y ex integrantes del máximo tribunal de México han estado en el centro de acusaciones de corrupción, tráfico de influencia o conflictos de interés. Fresca en la memoria de los mexicanos está los plagios de la ministra Yasmín Esquivel Mossa; la mezquindad del ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien metió a la cárcel a su ex colaboradora, concubina y madre de sus dos hijos autistas; o la sorpresiva y obligada renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, a quien se le relacionó con los grupos políticos de administraciones anteriores. Ahora, quien está en el centro del huracán es el ministro retirado Arturo Zaldívar y otros miembros del Poder Judicial de la Federación, a quienes se acusa de comprometer la autonomía e independencia del PJF, violencia sexual, falta de profesionalismo, enriquecimiento ilícito, soborno, abuso de poder y desvío de recursos. Nada más.
Un gran escándalo se desató cuando se reveló que Yazmín Esquivel Mossa, cometió plagio de su tesis de licenciatura presentada ante la Universidad Nacional Autónoma de México. La tesis defendida por Esquivel para obtener la licenciatura en derecho en la FES Aragón de la UNAM es la misma presentada por el licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho un año antes. Otro escándalo se generó cuando se reveló también plagio su tesis doctoral. Al revisarse la última tesis de Esquivel, se encontraron 209 de 456 páginas del texto iguales a trabajos publicados por otros 12 autores. El plagio equivale al 46.5 por ciento del escrito. La tesis Los Derechos Fundamentales en el Sistema Jurídico Mexicano y su Defensa presentada por Esquivel, retoma textos del jurista mexicano Miguel Carbonell y José María Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte del gobierno de España, quien ahora es embajador de la UNESCO. Otros autores “copiados” fueron Gregorio Peces-Barba Martínez, Eusebio Fernández García, Antonio Enrique Pérez Luño. También tomó párrafos de los mexicanos Ignacio Burgoa Orihuela y Jorge Carpizo MacGregor, así como de otros escritores italianos. La bibliografía podría considerarse amplia y hasta completa de no ser por la acción “copia y pega” iniciada por plagiarios.
Un caso en el cual se exhibe el uso y abuso del poder en México es el protagonizado por el ministro en retiro Arturo Góngora Pimentel, quien no sólo presentó un recurso legal para tratar de disminuir en 80% la pensión de sus hijos con autismo, David y Ulises, además de negarles recursos para una operación neurológica diagnosticada como necesaria para ambos. La ex pareja de Góngora Pimentel, Ana María Orozco y su abogado defensor acusaron al jurista de incurrir en tráfico de influencias. En tanto, su medico tratante, Humberto Corona, confirmó los menores requerían de una neurocirugía urgente para evitar autolesiones, ya que los tratamientos farmacológicos ya no les funcionaban para contener su agresividad. Para no pagar la totalidad de la pensión alimenticia de sus hijos autistas, Góngora Pimentel presentó una denuncia contra su expareja por supuesto fraude. Una jueza penal del Distrito Federal ordenó la aprehensión de Ana María por el delito de fraude genérico el 24 de mayo de 2012. Dos semanas después Ana María ingresó al penal de Santa Marta Acatitla y su mamá debió hacerse cargo de los menores pese a su crítica y raquítica situación económica ya que su salario respondía a su labor dentro del área de frutas y verduras de una tienda comercial. Al reclamar públicamente atención para la alimentación y medicamentos de sus nietos, lo recibido fue también una orden de aprehensión y cárcel. Ambas ya obtuvieron su libertad, pero el caso aún no concluye.
La renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, surgió en medio de versiones en el Poder Judicial que relacionan su dimisión con algunos fallos otorgados en beneficio de grupos políticos de administraciones anteriores. Desde la reforma constitucional de 1994, que le dio a la SCJN su actual integración, es la primera ocasión que esto ocurre en el máximo tribunal. Ante las presiones del gobierno federal y las presuntas investigaciones al también ex procurador general de la República por sus manejos financieros, Medina Mora prefirió hacer llegar su renuncia al presidente López Obrador. Entre las resoluciones elaboradas por Medina Mora se encuentran las que permitieron desbloquear decenas de cuentas congeladas. Medina Mora fue uno de los miembros de la SCJN invitado a la boda de la hija del abogado Juan Collado, quien menos de dos meses después fue detenido por la Fiscalía General de la República, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Y en el último de los escándalos, de acuerdo con lo trascendido hasta el momento, la semana pasada, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una denuncia anónima contra Zaldívar y otros miembros del PFF, a quienes se les acusa de conspirar para favorecer intereses personales y de terceros usando la estructura organizaciones del PJF. La ministra Piña, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ordenó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Corte indagar los hechos descritos en la carpeta de investigación J/108/2024. Como parte del mismo caso, la ministra presidenta ordenó al Consejo de la Judicatura Federal investigar a jueces y magistrados por presuntamente violar la independencia del Poder Judicial.
Las investigaciones contra Arturo Zaldívar, hacen hincapié en la acusación de conspirar con el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para manejar los asuntos que se ventilan en el PJF a favor de los intereses del gobierno federal o empresarios. Asimismo, se ordenó investigar a los ex colaboradores de Zaldívar para determinar si hay suficiente evidencia para iniciar un posible procedimiento administrativo por conductas irregulares. Los funcionarios investigados incluyen a Carlos Alpízar, ex secretario general de la Presidencia del CJF, acusado en la denuncia anónima de enriquecimiento ilícito, extorsión y corrupción para obtener resoluciones favorables, violencia sexual, extorsión de jueces y magistrados, entre otros. También es investigado por corrupción, Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Concursos Mercantiles; y Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), quien es denunciado por corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito, acoso y uso indebido del cargo.
A Arturo Zaldívar se le acusa de utilizar varias áreas del CJF para presionar a jueces y magistrados para lograr sus objetivos a cambio de beneficios políticos, económicos o laborales, amenazando con que, si no resolvían de acuerdo con la “línea dictada”, los jueces serían sujetos a cambios de adscripción o a procedimientos de responsabilidades administrativas. Como se trata de un ministro retirado, la Ley Orgánica del PJF indica corresponde a la Corte determinar si iniciará o no una investigación en su contra, por lo que la presidenta de la Corte ordenó enviar la denuncia en su contra para que el Máximo Tribunal le dé el trámite correspondiente.
Dentro de la denuncia, también fueron señalados jueces como Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a la ex secretaria de Estado, Rosario Robles; José Artemio Zúñiga, quien conoció casos como el de Emilio Lozoya y Genaro García Luna; Iván Zeferín Hernández, quien ordenó detener al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca cuando éste todavía tenía fuero. A estos jueces se les acusa de aceptar la presión ejercida por Zaldívar para resolver varios casos “a modo”, por lo que las investigaciones que inicie el CJF también los incluye a ellos. La carpeta de investigación precisa los nombres de decenas de jueces que presuntamente fueron presionados por Arturo Zaldívar a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Contraloría del Poder Judicial.
Zaldívar nunca ocultó su afinidad con el proyecto de gobierno del presidente López Obrador. En noviembre del año pasado, renunció a la Corte para unirse al equipo de campaña de Claudia Sheinbuam, incluso antes de que fuera aceptada su renuncia en el Senado de la República hizo pública su “excelente relación de amistad”. En diciembre pasado, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán denunció a Zaldívar por unirse a una campaña antes de estar formalmente fuera de la Corte, y pidió retirarle sus prestaciones y beneficios por haber sido ministro. Sin embargo, mantiene una pensión altísima y prebendas garantizadas por quienes dijeron apoyarlo, curiosamente son los mismos encargados y orgullosos hoy de entregarlo revelando sus tropelías.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en febrero pasado parte de sus “charlas” y “recomendaciones” con el ex ministro. La denuncia destaca: la Presidencia de la República ejerció presión en el Poder Judicial en casos como la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la cancelación del de Texcoco, el Tren Maya, el caso de Emilio Lozoya, de extradiciones, así como en temas relacionados al Infonavit, a las telecomunicaciones, con medios de comunicación, entre otros. La acusación indica Zaldívar presionó casos como el de Rosario Robles, a cargo del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Otro ejemplo es el del juez de distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, quien participó en asuntos como: Cruz Azul, familia Jenkins, el fraude a Infonavit y la Estafa Maestra.
Y al juez José Artemio Zúñiga Mendoza, quien llevó los casos de Lozoya, Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle, entre otros, se le señala de dictar resoluciones apegadas “a las instrucciones del exministro”. Otro caso más es el del magistrado Fernando Córdova del Valle, quien “resolvió como se le indicó los casos de Gómez Mont y de Segalmex” y a cambio recibió beneficios económicos.
Esto, apenas comienza.
DE LOS PASILLOS
Uno de los objetivos fundamentales del presidente Andrés Manuel López Obrador, del régimen de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) y su partido, Morena, en estos comicios federales es alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión para tener los elementos indispensables para aprobar una nueva Constitución. Esta meta en sí misma es muy peligrosa pues cambiaría de fondo la estructura política y administrativa del país, pero también la propiedad privada en el territorio nacional. Como ejemplo, cabe señalar la gravedad de lo establecido en el proyecto de nueva Constitución Política de la República Federal y Pluricultural de México, en su artículo 139 sobre concesiones de propiedad habitacional, la cual cambia la propiedad de una vivienda por la concesión de la misma. “Todos los mexicanos tienen derecho a ser titulares de la concesión de propiedad de una casa habitación, de manera individual o compartida, considerando al menos 40 metros cuadrados por habitante, sean niños o personas adultas. Todas las casas y departamentos habitacionales en uso serán asignados como concesión de propiedad a sus usuarios con antigüedad mayor a un año. Las concesiones de propiedad de terreno o casa habitación solamente podrán revocarse por decreto especial en atención al superior interés de la nación (…) Las propiedades de terreno, casas, construcciones y todo tipo de inmuebles previas a la entrada de vigencia de esta Constitución son válidas como concesiones de propiedad”, señala el artículo referido. Cuidado, se juega con fuego aunque, finalmente, es usted quien posee lo necesario para apagarlo.
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15/04/2024
