Llaman a garantizar derechos humanos de defensoras de la tierra y el medio ambiente.
 
  • En 2017 se documentaron 207 asesinatos.
 

Ciudad de México 09  de agosto del 2018.- La Comisión Permanente del Congreso mexicano llamó ayer a proteger a defensores del medio ambiente de intereses políticos, comerciales y criminales. Y apostilló: “exhortamos al gobierno federal “a garantizar el derecho de las comunidades a una consulta y participación adecuada para otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado, sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”.

El exhorto incluye el llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus homólogas estatales a que garanticen la defensa de los derechos humanos de defensores de derechos humanos.

En los considerandos del dictamen, se afirma que “las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente se encuentran en la primera línea de la lucha para salvar a nuestro planeta de los impactos del cambio climático, salvaguardar derechos humanos y proteger de daños a las comunidades vulnerables”.

Se añade que “son esos ciudadanos los que defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia. Denuncian la corrupción y presionan por cambios en las leyes, políticas y prácticas, para garantizar que se respeten los derechos ambientales y de la tierra”.

En la argumentación del dictamen se citan datos de Global Witness, que en 2017 documentó “207 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente en el país; personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus bosques, ríos y hogares contra las industrias destructivas”.

En la argumentación, se denuncia que “derivado del aumento del crimen organizado, la impunidad continua y el fracaso del gobierno mexicano en proteger a las personas defensoras, han llevado al brutal silenciamiento de quienes se oponen a la explotación maderera, la minería y otras industrias en sus tierras”.

Se afirma en el dictamen que “las personas defensoras del medio ambiente y la tierra suelen enfrentarse a intereses políticos, comerciales y criminales que se confabulan para robar sus recursos naturales; ellas, resisten años de amenazas de muerte, criminalización, intimidación y acoso, pero reciben poca o ninguna protección por parte de las autoridades”.

En 2013, refiere también el dictamen, “gran parte de las aproximadamente 2 mil 600 concesiones mineras en México estaban operando en territorios ancestrales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas que viven allí”.

Agrega que “el aumento en los homicidios de personas defensoras mexicanas ha coincidido con un incremento masivo de asesinatos derivados del crimen organizado; es decir, las bandas delictivas intensifican el conflicto por la tierra, pues son requeridas por los cárteles para el tráfico de drogas y otras actividades delictivas”.

El dictamen sostiene que “el crimen organizado provee de sicarios a los madereros, narcotraficantes y otros grupos delictivos, que pueden emplearlos para proteger sus intereses, incluso amenazando y atacando a personas defensoras”.

Vicente Bello.

 
 
9 Ago 2018
 
Regresar