Denuncian Corrupción en el Registro Público de Tapachula

MR

Tapachula, Chiapas, 11 de junio de 2025. – El Registro Público de la Propiedad en Tapachula está en el ojo del huracán, derivado de nuevas denuncias por presuntos actos de corrupción, cobros ilegales y tráfico de influencias, encabezados por su actual delegado, Renán Galán Gómez.

Galán Gómez, exalcalde de Huehuetán (2008-2010), tiene antecedentes de escándalos judiciales, incluyendo una denuncia por agredir con arma de fuego a un estudiante. Pese a ello, fue nombrado delegado, cargo que exige integridad, conocimientos legales y buena reputación, requisitos que, según los denunciantes, no cumple.

Señalan que para la sección 5ª no hay firma en Tapachula, porque el flamante delegado reprobó su examen, está impedido al no ser licenciado en derecho y no tiene firma válida para poder hacer los trámites ante el Sistema Integral de Gestión Registral, por lo cual culpan a la secretaria de economía, aunque en la realidad es responsabilidad y negligencia del señalado delegado.

Derivado de lo anterior acusan que los trámites en la oficina se han convertido en un “negocio personal”, con cobros extraoficiales que van de 2 mil a 5 mil pesos, para poder trasladarlos a la delegación de Motozintla, donde sí cuentan con la validación oportuna. Trámites que deberían ser gratuitos o de bajo costo se aceleran si se pagan cuotas a familiares del delegado, quienes, dicen, controlan las gestiones dentro de la dependencia.

El malestar repercute al interior de la dependencia. Personal con años de experiencia ha sido marginado mientras figuras cercanas al delegado, sin formación legal, operan de facto como intermediarios de trámites, como sus hijos y el “licenciado Capri”, ahijado del delegado.

Los señalamientos también alcanzan a la red de notarios públicos, con divisiones internas entre aquellos que rechazan las cuotas impuestas y quienes, presuntamente, participan activamente en la dinámica de sobornos (abundaremos en el tema). Esta estructura informal, aseguran las fuentes, estaría sostenida por vínculos políticos del delegado y diputados locales, lo que refuerza la percepción de impunidad.

Diversos sectores han pedido la intervención del gobernador Eduardo Ramírez, exigiendo una investigación y la destitución de Galán Gómez. La situación pone en riesgo la legalidad del registro y debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas.