Aprueban en Comisión dictamen para incluir en ley a comunidades agrarias como integrantes del sector social de la economía
La Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la fracción I del artículo 4º de la Ley de la Economía Social y Solidaria, para establecer que el sector social de la economía también estará integrado por las comunidades agrarias, como formas de organización social.
El documento, avalado en reunión de la instancia legislativa presidida por el diputado Jesús Valdés Peña (Morena), señala que la ley actual contempla a los ejidos y comunidades en sentido general, como formas de organización social que integran el sector social de la economía.
Sin embargo, señala que, para los efectos de la Ley Agraria de 1992, los ejidos y las comunidades agrarias están a la par como sistemas de organización social para la tenencia y gestión de la tierra del sector agrario, por lo que resulta indispensable que estén reconocidos en el citado artículo.
Hace notar que las comunidades agrarias en México mantienen una relación estrecha con los principios, valores, costumbres y características de la economía social y solidaria, al establecer un modelo económico que prioriza el bienestar colectivo, la cooperación y la sostenibilidad sobre el lucro individual.
Respecto a los principios, las comunidades agrarias atienden a la cooperación y ayuda mutua de sus miembros, gracias a su esquema de trabajo colectivo para la generación de bienes socialmente necesarios, como lo son los alimentos y materia para la canasta básica.
Indica que cuentan a su vez con autonomía que se clarifica con la autodeterminación en la toma de sus decisiones vía asamblearia. Estas comunidades fomentan la solidaridad al priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses individuales, ya que distribuyen el uso de sus recursos naturales y herramientas para la consecución de los bienes y productos.
El diputado Valdés Peña reconoció el planteamiento y la propuesta del dictamen, “en donde, sin lugar a dudas, la función que se viene realizando va en pro de seguir fortaleciendo la vida de la economía social y solidaria de este país”.
La diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI), promovente de la iniciativa, agradeció el apoyo, debido a que se trata de un acto de justicia para reconocer a las comunidades agrarias y todo lo que han aportado a México.
Indicó que han sido el sustento del país de forma silenciosa y hoy se visibilizan en la Ley de la Economía Social y Solidaria con la aprobación del dictamen en sentido positivo.
Josefina Anaya Martínez, diputada de Morena, comentó que las comunidades agrarias son un pilar ancestral de la identidad nacional; su inclusión en la ley fortalece el marco jurídico que protege sus derechos colectivos y cumple con el mandato constitucional, al visibilizarlas junto a los ejidos, cooperativas y otras figuras.
Estas comunidades, dijo, son actores clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su reconocimiento permitirá impulsar políticas públicas más efectivas en su favor. “Votamos a favor, con la certeza de que se fortalece la economía social, se enmienda una deuda histórica y refrenda el compromiso con un México donde nadie se quede atrás. Seguimos trabajando con lealtad a la patria por el bienestar de todas y todos”.
Mesas de trabajo de la Comisión
El diputado Jesús Valdés informó que en reunión de junta directiva se aprobó el acuerdo de la Comisión por el que se establece la distribución, integración y regulación del funcionamiento de las mesas de trabajo, las cuales serán el espacio para analizar y discutir las propuestas correspondientes a diferentes temas de interés, presentados ante la Comisión por parte de integrantes de organismos cooperativistas.
Relató que se analizaron, por parte de la secretaría técnica de la Comisión, los temas turnados, lo cual arroja la formación de tres mesas: una, en materia legislativa, que estará coordinada por la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas (Morena); la segunda sobre política fiscal, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), y la tercera, referente a política pública, coordinada por el diputado Daniel Chimal García (PAN).
En caso de existir algún otro tema, así se consignó en el acuerdo, se creará la respectiva mesa de trabajo, que también estará integrada por diputadas y diputados, así como representantes del sector cooperativo.
La vigencia será los meses de junio, julio y agosto, con la finalidad de organizar los trabajos y atender las solicitudes; se elaborará un calendario de sesiones en donde por lo menos sesionarán una vez por semana, presentarán conclusiones y síntesis de las propuestas, para que al final se consolide un solo documento sobre los tres temas para ser analizadas en el seno de la junta directiva.
Sobre el tema, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) planteó la posibilidad de las reuniones de las mesas de trabajo a través de dispositivos electrónicos –misma que fue aceptada–, ya que a partir del lunes 23 de junio se prevé el inicio del periodo extraordinario que va a concluir el 2 de julio.
“Me parece conveniente que pudiéramos prever y quede autorizado que las reuniones se puedan hacer de manera presencial y a través de la plataforma o de los dispositivos, para facilitar la participación de los integrantes de las organizaciones cooperativas, y en virtud de que será una reunión semanal”, añadió
