En algún lugar que no recordamos, amable Lector, tuvimos la oportunidad de conocer el concepto “Mimetismo del poder”; que aplicado a la política podría definirse como la capacidad de algunos actores políticos para inferir qué es lo que desea un poder político mayor y actuar en consecuencia, más allá de cualquier otra consideración.

Tradicionalmente, el mayor poder en nuestro sistema político ha sido el Ejecutivo Federal y a él se han plegado los poderes Legislativo y Judicial, tanto Federales como Estatales. También, a su voluntad, se han plegado los Gobernadores. Durante la época priísta el Congreso de la Unión no era más que una oficina de trámites para avalar las decisiones tomadas desde la presidencia. Famosas son las anécdotas por las cuales los legisladores no corregían literalmente ni una sola coma a las iniciativas presidenciales y las aprobaban sin siquiera haberlas leído.

Durante el salinato, fue una práctica común la remoción de gobernadores y la imposición de interinos al gusto del presidente por parte de los Congresos locales; claro, con todas las formas guardadas para dar la impresión de respeto a la soberanía estatal.

La historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su relación con la presidencia no es muy distinta. Destaca por su rudeza, la ocasión en la que el presidente Zedillo decidió eliminarla de un simple plumazo, únicamente para reponer una nueva Corte a su gusto. Pero hay muchos episodios en los que la Corte, se ha plegado a los deseos del Ejecutivo Federal.

No podemos dejar de señalar que los tres poderes de la Unión, en todos sus niveles, son iguales. Pero la inercia cultural ha llevado al presidente a asumir una especie de primacía sobre los otros dos. En democracias presidenciales más maduras que la nuestra, vemos que el presidente es acotado por el Congreso y que ambos son equilibrados por la Corte Suprema. El mejor ejemplo aunque pueda no gustarnos; lo tenemos en el vecino del norte.

Hace unos días nuestra SCJN avaló la consulta que el presidente propone para que la ciudadanía decida si debe juzgarse a los ex presidentes por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de su responsabilidad. No dudamos que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña hayan cometido delitos desde la presidencia, pero no tenemos pruebas que lo avalen. En este país, prima la presunción de inocencia y por ello todo mundo somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. Especialmente en el caso de Peña Nieto, por lo descarado de los actos de corrupción y por lo reciente de los hechos, seguramente que las autoridades competentes podrían realizar una investigación, encontrar elementos probatorios y con base en ellos, proceder contra el ex presidente y los demás responsables que pudieran resultar. Parece que el caso Odebrecht se irá encaminando en ese sentido. Así es como se hacen las cosas, aplicando la ley de manera pareja para todos y sentando el precedente de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República.

Por ello es indispensable que la SCJN, recupere su independencia y sepa decirle a los demás poderes; “sí” o “no” cuando corresponda, sin ningún otro criterio que no sea la propia ley. Eso consolidará nuestra democracia y pondrá las cosas en su justa perspectiva.

Ojalá que sí.

Además opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.

19/10/2020