Estado de los ESTADOS / Lilia Arellano

Ciudad de México,  11 de septiembre de 2019.- La gran mayoría de los gobernadores de las entidades de la República, el 87.5 por ciento, se encuentran reprobados por la ciudadanía, de acuerdo a un sondeo realizado por el periódico El Financiero.

Del total de mandatarios, sólo fueron aprobados, el 12.5 por ciento: Mauricio Vila, de Yucatán; Quirino Ordaz, de Sinaloa; Claudia Pavlovich, de Sonora; y Francisco Domínguez de Querétaro, quienes alcanzan el 79, 65, 62 y 60% de aprobación ciudadana a su trabajo según ese ejercicio el cual mide la opinión pública de los gobernados. 

El resto se encuentran totalmente reprobados: desde José Rosas Aispuro, con 57%, pasando por Carlos Joaquín, de Quintana Roo, con 49%; Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, con 48%; Enrique Alfaro de Jalisco, con 47%; Cuitláhuac García de Veracruz con 47%; y Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México con 46%, el promedio de todas las entidades.

Al final de la larga lista de mandatario reprobados se encuentran Jaime Rodríguez de Nuevo León, y Francisco Arturo Vega de Baja California, quienes alcanzan 21 y 19% de aprobación, es decir alrededor del 80 por ciento de sus gobernados reprueba sus gestiones.

Y en el gabinete federal de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a encuestas levantadas por diversos diarios de circulación dizque nacional en la Ciudad de México, el mejor posicionado es Arturo Herrera, de la SHCP, a pesar de los fallidos resultados en materia de crecimiento económico y la aplicación de la austeridad republicana; seguido de Marcelo Ebrard, titular de la SRE, quien no encuentra la cuadratura al círculo en el tema migratorio para darle gusto a Donald Trump; Irma Eréndira Sandoval de la SFP, va en tercer sitio, por lo alcanzado hasta el momento en el combate a la corrupción.

El titular de Salud, Jorge Alcocer Varela –el doctor que no cura ni un pulque-, es quien se lleva el mayor número de opiniones negativas, 66 por ciento, por sus descabelladas declaraciones, y es el primerísimo lugar en esta negativa apreciación.

MIGRACIÓN: EU Y MÉXICO ENTRAMPADOS

Tras las criticas de Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, al endurecimiento de las medidas impuestas por EU y México para contener el flujo de inmigrantes desde Centroamérica, y su advertencia: “Las políticas de tolerancia cero no cortarán de raíz los factores que empujan a la gente a salir de su país”, el canciller mexicano Marcelo Ebrard realizó en Washington, D. C., con el vicepresidente Mike Pence, una evaluación del resultado de las acciones de control migratorio adoptadas tras un mal acuerdo –para evitar un buen pleito en materia de aranceles a productos mexicanos a cambio de frenar la inmigración irregular en 90 días- signado el pasado l8 de junio. Pocos resultados se aprecian de esa reunión, en la cual las dos partes mantuvieron sus posiciones.

Sumamente complejo es actualmente la situación migratoria hacia Estados Unidos con cientos de miles de personas en tránsito, un sistema colapsado incluso en territorio estadounidense, una puerta cada vez más estrecha para el denominado “sueño americano”, y la restringida capacidad del gobierno de México y otros países de la región de ofrecer alternativas a los cientos de miles migrantes quienes abandonan sus hogares e intentan cruzar territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. 

La reunión se realizó en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, a partir de las 13:30 horas y se prolongó por espacio de una hora. Aunque no se les observó entrar, estuvieron presentes del lado mexicano también la embajadora Martha Bárcena y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAM), Francisco Garduño, quien hizo su primer viaje a la esa capital desde su nombramiento en junio. Del lado estadounidense, encabezaron la reunión el vicepresidente de EU, Mike Pence; Mike Pompeo, secretario de Estado de EU; el consejero legal de Trump, Pat Cipollone; el asesor y yerno del mandatario, Jared Kushner; y el encargado de Seguridad Nacional, Kevin McAllen.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró le dijo directamente al presidente Donald Trump que México no será Tercer País Seguro. Según su versión, saludó en persona al mandatario. “Tuve la oportunidad de explicarle al presidente que estamos casi al 90 por ciento del objetivo principal y que México no considera el Tercer País Seguro como una solución posible y que no tenemos autorización del presidente y del Senado para aceptar ese acuerdo”, relató.

Ebrard indicó le dijo a Trump  que el objetivo central de México es reducir el flujo migratorio y mantenerlo en la tendencia histórica, mientras el mandatario estadounidense le señaló estaba agradecido con México y que ve con buenos ojos lo que está haciendo para contener los migrantes en la frontera sur.

No obstante, la Casa Blanca emitió un comunicado donde se señala que ambos países acordaron se necesita más trabajo para reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, así como ampliar el programa de devolución de migrantes para que esperan en México mientras se da su proceso de asilo. “Los líderes acordaron implementar los Protocolos de Protección de Migrantes en la mayor medida posible”, apunta el comunicado.

En tanto, el canciller mexicano señaló que ante los funcionarios estadounidenses México reiteró no aceptará el mecanismo de convertirse en Tercer País Seguro. “Siempre hay el tema y México siempre lo ha manifestado, que respecto a migración no aceptaremos el famoso Tercer País Seguro, ellos lo saben, lo que hicimos hoy fue desarrollarlo más a detalle”, señaló.

De acuerdo a su versión, habló de las medidas migratorias, gracias a las cuales ha habido un disminución del flujo migratorio, y destacó insistieron en el Plan de Desarrollo Integral, pues debe acelerarse la inversión para Centroamérica, así como en la compleja cuestión de detener el flujo de armas ilegales hacia México.

Ebrard adelantó tendrán una reunión con la OPIC (Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero), encargada de invertir dinero de empresas privadas en el desarrollo de proyectos en Centroamérica, la cual es su aportación al Plan de Desarrollo Integral (PDI). “Si Estados Unidos invirtiera 2 mil millones de dólares en el PDI, se crearían un millón 200 mil empleos en Centroamérica”, aseguró el funcionario mexicano. 

También resaltó ya se formó un grupo binacional para saber cuántas armas registra México procedente de Estados Unidos, rastrear quién las vendió y cómo entraron al país, pero de los resultados seguramente no sabremos en mucho tiempo.

MIGRACIÓN, TEMA ELECTORAL EN EU

Donald Trump no tiene interés en poner fin a la crisis migratoria que vive la frontera de Estados Unidos con México, sostuvo Ben Rhodes, asesor en política internacional del ex presidente Obama, quien advirtió el interés de actual mandatario es que la tragedia continúe. “Él quiere que se mantenga este problema migratorio para poder satanizar a la gente morena y sacar un beneficio electoral de ello”, dijo en un entrevista en el marco del “Hay Festival de Querétaro”, a propósito de la presentación de su último libro “El Mundo tal y como es”.

Ha sido evidente en los últimos meses el intento propagandístico con fines electorales de Trump de presentar el fenómeno migratorio como crisis de seguridad nacional, para ostentarse ante la opinión pública de su país como un sujeto capaz de imponer decisiones a otros gobiernos, como lo ha hecho con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ahora el presidente estadounidense pretende dictar incluso la política migratoria mexicana y forzar al gobierno de la Cuarta Transformación a atropellar su propio marco legal.

Horas antes de dicha reunión en Washington, desde Ginebra, Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, criticó el endurecimiento de las medidas impuestas por EU y México para contener el flujo de inmigrantes desde Centroamérica. “Están poniendo a los inmigrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos de derechos humanos”, aseguro y calificó el viraje de la gestión regional de la migración como un “retroceso”. La ex presidenta de Chile advirtió: “Las políticas de tolerancia cero no cortarán de raíz los factores que empujan a la gente a salir de su país”.

Durante la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta chilena, -quien había señalado “¿pero qué más quieren que haga México? ¿Un muro en su frontera sur en donde albergan miles de migrantes?-,  criticó la política migratoria de EU y puso el foco en la separación familiar y la vulnerabilidad de los niños que se ven obligados a abandonar sus países. La alta comisionada cuestionó la política unilateral estadounidense la cual establece los solicitantes de asilo deben espera en México a que una corte de ese país decida si su petición procede. “Los acuerdos para devolver personas  a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados”, acotó la funcionaria de la ONU.

El protocolo conocido como “Quédate en México”, ha sido duramente cuestionado por la capacidad de México de ofrecer condiciones seguras y dignas para los solicitantes y ha sido señalado por abogados y activistas fronterizos como parte de una estrategia discursiva de Washington contra el creciente número de solicitudes desde Centroamérica.

Desde la víspera, Mark Morgan, comisionado interino de la Agencia Federal de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, presionó al gobierno mexicano al señalar la administración de Donald Trump “necesita que haga más para reducir el flujo de personas que intentan llegar a territorio estadounidense”. También insistió en demandar que México acepte declararse “tercer país seguro”, es decir, acepte dar refugio a todos aquellos individuos que lo soliciten en Estados Unidos y sean rechazados, aunque en la práctica México ya reúne muchas de esas características tras los acuerdos de hace 90 días.

A través de su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard precisó desde el lunes por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador no habrá concesiones en ese sentido, y esa postura cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas en el Senado de la República. Sin duda alguna ir más allá de las actuales exigencias de Donald Trump significaría una claudicación en materia de soberanía, e implicaría también crear condiciones para la comisión de violaciones consuetudinarias a los derechos humanos de las personas migrantes.

Frente a las exigencias del magnate de la Casa Blanca, México promueve el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica, una especie de Plan Marshall para atacar las causas estructurales de la migración y promover el empleo y la inversión en el istmo centroamericano. A pesar del respaldo internacional, dicho plan enfrenta problemas para garantizar los fondos que lo conviertan en una realidad en el terreno. El gobierno mexicano exige al estadounidense ratifique su compromiso de apoyarlo y, sobre todo, lo materialice en inversiones concretas.

INVESTIGAN A BARTTLET

Poco o nada se ha hecho en la actual administración federal contra los “peces gordos” de sexenios pasados inmiscuidos en escándalos de corrupción, a pesar del destacado trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para dar seguimiento al destino de los recursos desviados del erario federal a cuentas bancarias en casos como por ejemplo “La Estafa Maestra”, por el cual se encuentra en prisión Rosario Robles; o los cochupos de Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, así como la venta irregular de la planta Agronitrogenados, y la compra de bienes inmuebles con las “mordidas” a este funcionario, asuntos por los cuales se encuentra prófugo; o el lavado de dinero y la triangulación de recursos operada por el otrora reconocido abogado Juan Collado, por solo mencionar un botón de la amplia muestra.

No han sido tocados ni con el pétalo de un citatorio funcionarios involucrados como podrían ser Luis Videgaray o José Antonio Meade, ex secretarios de Hacienda, o el secretario de Energía del sexenio peñanietista, Pedro Joaquín Coldwell, ni otros funcionarios de primerísimo nivel involucrados directamente en desvíos de recursos comprobados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), quien en su momento presentó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales fueron retomadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, un actual funcionario de primer nivel y ex funcionario cercano al círculo de poder desde los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado cuando fue nombrado secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, también secretario de Educación Pública con Carlos Salinas de Gortari, es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en relación a su declaración patrimonial y de intereses, a raíz de una investigación periodística, la cual exhibe que el también ex gobernador de Puebla tendrá una fortuna la cual ascendería a más de 800 millones de pesos, esto tan sólo en bienes inmuebles.

A pesar de que en su declaración patrimonial al inicio de su cargo como director general de la Comisión Federa de Electricidad (CFE), indicó ingresos anuales por 11 millones y un patrimonio total de 51 millones, de acuerdo a la investigación publicada en el diario El Universal, Bartlett tendría en realidad 25 propiedades (23 casas y dos terrenos), tanto a su nombre como a nombre de miembros de su familia y a través de prestanombres.

El actual director general CFE negó desde el principio las acusaciones a través de su cuenta de Twitter, pero el medio informativo respaldó el trabajo de sus reporteros y enfatizó contaba con “documentos, registros y fotografías de sus 23 casas y 2 terrenos”, los cuales estaban disponibles al público a través de su portal de noticias.

La noche del lunes, la SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval,  informó el expediente de la investigación sobre el particular deriva de una “denuncia ciudadana anónima”, recibida en la dependencia a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, y garantizó dicha acusación “será atendida de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad en las oficinas centrales de la Función Pública, mediante la Dirección General de Investigaciones”.

A pesar de esto, Bartlett Díaz negó tener esas propiedades y se ofreció a colaborar con la SFP. A través de su cuenta de Twitter, señaló: “Como dije antes, es falsa la información sobre los inmuebles que se me atribuyen; mi declaración patrimonial está en regla… La @SFP_mx ha abierto un a investigación y presentare toda la documentación e información que se me requiera”.

La SFP indicó una vez concluidas todas las etapas del proceso, informará sobre los resultados de la indagatoria, a fin de cumplir con el compromisos del gobierno de transparentar la vida pública. Habrá de esperar la conclusión de la indagatoria para saber si no se trata de otra cortina de humo implementada desde la administración federal. 

LEYES EDUCATIVAS SECUNDARIAS POSTERGADAS

Mientras legisladores y personal de la Cámara de Diputados desalojaron el recinto en medio de jaloneos ante los bloqueos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs), la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas, dio por finalizada la sesión y citó para el jueves a las 11:00 horas. Así, una vez más se postergó nuevamente la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, confirmó Mario Delgado, coordinador de los diputados morenistas.

Los transitorios de la reforma constitucional establecieron como limite el 12 de septiembre para avalar los preceptos secundarios, sin embargo a la fecha no hay acuerdos ni con los maestros ni con otros grupos parlamentarios. “Con las leyes secundarias en educación tenemos hasta el 12 de septiembre, desafortunadamente no hemos tenido los acuerdos finales para que puedan transitar y puedan ser aprobadas”, admitió el pupilo de Marcelo Ebrard.

Delgado calculó a fines de septiembre podría sesionar la Comisión de Educación y discutir los dictámenes para presentarlos al Pleno. Aún deben analizarse los resultados de las reuniones con representantes de la CNTE y funcionarios del gobierno de AMLO. Cuestionado sobre si la falta de acuerdos se refiere al manejo de las plazas magisteriales, el legislador indicó hay una línea trazada desde el inicio de la reforma educativa: no se va a permitir ninguna práctica que regrese la corrupción.

Desde temprana hora, los profesores de la CNTE se apostaron en los accesos del palacio legislativo de San Lázaro para ser incluidos en la discusión de las leyes secundarias en materia educativa, y advirtieron estarán el tiempo que sea necesario.

Al igual que los Asesores Técnicos Pedagógicos solicitan sus prestaciones laborales conseguidas durante la anterior reforma educativa les sean respetadas, y al escribir estas líneas seguían a la espera de sus líderes quienes acudieron a una reunión en Palacio Nacional.

DE LOS PASILLOS

Cuauhtémoc Cárdenas aseguró en el Senado de la República, donde recibió un homenaje, los avances de los últimos años en el país se deben al pueblo y nadie debería adjudicárselos de manera individual. “No hay ningún partido, ningún funcionario, ninguna persona que debiera adjudicarse estos cambios de manera individual. Ha sido un esfuerzo colectivo que nos toca buscar que los muchos problemas que tiene el país puedan efectivamente resolverse”, destacó en el Pleno de la Cámara Alta. Para el ex candidato presidencial actualmente faltan propuestas de partidos políticos, de grupos interesados y de sectores académicos para lograr avances.

Desde Tabasco trascienden las quejas en contra del gobernador morenista Adán Augusto López Hernández, quien, destacan, mantiene hundido al estado en inseguridad: los secuestros, las extorsiones, están como en Quintana Roo, a la orden del día. Sin embargo, se pretende hacer de don Augusto el “hombre fuerte”, el líder del sureste. Sobre el particular poco puede hacerse pues debemos recordar se mantuvo obediente a la exoneración hecha por López Obrador a la gestión de Arturo Núñez y por las gestiones para la obtención de la libertad de Andrés Granier… Por cierto, los diputados ya dieron el visto bueno para revisar la cuenta pública 2018, por lo pronto del DIF a cargo de Marta Lilia de Núñez. Ahí las cifras son bajitas, nada más mil millones. Las de don Arturo, conocido en el bajo mundo como “El Pingüino”, son de 5 mil millones y las que pueden reunirse de su hijito, Néstor Núñez López, el alcalde de la Cuauhtémoc, podrían ser más altas. 

El reconocido ex diplomático y actual diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, es más peligroso abajo que arriba en San Lázaro, y una vez conocida su intención de difundir su proyecto de país, es de certeza quiere garantizar su paso por este mundo con la mejor calificación a su nunca ocultada ni negada genialidad. Ya les daremos cuenta de sus opiniones al regreso del canciller Marcelo Ebrard de Estados Unidos, así como las del ex presidente del Senado, Martí  Batres.

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11/09/2019