Autocracia a la vista

Sigue siendo sencillo engañar a la opinión pública ya no formando sino utilizando información manipulable, fácil de convertir en distractora. Mientras se utilizan cientos de horas en los informativos electrónicos y saltan los mensajes en las redes sociales por miles tratando el caso de Ismael Zambada, de su probable entrega, de averiguar si es realmente víctima de traición por parte de su ahijado; hasta donde llegaron las autoridades de EU interviniendo el espacio aéreo mexicano; si fue o no secuestro, etcétera, etcétera, sin mostrar desde el templete mañanero ninguna intención de ocultar carecen totalmente de conocimientos sobre la realidad y seguramente que riéndose, pusieron en marcha el dictamen para desaparecer organismos autónomos imprescindibles para acotar el poderío presidencial y avanzar en la pretensión de obtener sobrerrepresentación en el Congreso.

Sin duda alguna con estas iniciativas se busca consolidar la autocracia. Los organismos en la cuerda floja dificultaron el cumplimiento de los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aseguró  tener listo el dictamen dándole luz verde a la reforma constitucional del titular del Ejecutivo federal para desaparecer: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Este dictamen, avala los argumentos del mandatario y propone apoyar los cambios propuestos, será “discutido” en comisiones y luego votado por el Pleno de ambas cámaras, donde de obtener la sobrerrepresentación tendrá la mayoría calificada, garantizando el cumplimiento de sus deseos de eliminar todo aquello en lo cual encontró resistencia. Durante el mes de agosto, los legisladores de Morena y aliados prevén avanzar en comisiones estas y otras 15 iniciativas, para que en septiembre la nueva conformación del Congreso las vote en el pleno. La desaparición de los organismos autónomos fortalecería el presidencialismo y representa un retroceso en los avances democráticos del último cuarto de siglo, pues las obligaciones y actividades de cada organismo pasarían a dependencias del gobierno federal: el IFT entregaría funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el Coneval al Inegi; el INAI a la Secretaría de la Función Pública; la CNH y la CRE a la Secretaría de Energía y el Sistema de Mejora de la Educación a la SEP. Es decir, sus funciones dependerán una vez más a la voluntad del inquilino provisional de Palacio Nacional.

La intencionalidad política es evidente: fortalecer el poder presidencial y eliminar los obstáculos creados por la democracia mexicana para delimitar y controlar el accionar del titular del Ejecutivo federal. Se recuerda el IFT y la propia COFECE impidieron el monopolio de Carlos Slim y tienen paralizado el pretendido de la Comisión Federal de Electricidad. El CONEVAL lo anexarían al INEGI cuyas facultades y responsabilidades son totalmente diferentes y con su eliminación ya no podrán subrayarse los fracasos de los programas sociales, demostrando claramente no solucionan el grave problema de la pobreza. El INAI en la Función Pública es como la entrega de la Iglesia a las manos de Lutero. La ineficiencia de la FP es más clara ahora que cuando nos prometieron la entrega de peces gordos y dieron charales. Ahora ni siquiera hay gusanos para cañas de pescar. Hoy tendrán reunión y no hasta el 15 de agosto como lo habían anunciado. De esta manera queda clara la prisa de los curuleros por cumplirle a quien ya se va y entregarle a la que llega un poder total… siempre y cuando sea ella quien lo ejerza.

VITAL IMPEDIR SOBRERREPRESENTACIÓN

A pesar de que están en curso los juicios de impugnación presentados por los partidos de oposición ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno a las irregularidades de las pasadas elecciones federales, la urgencia le gana al Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Guadalupe Taddei, por lo que presentó  una distribución preliminar de la integración de la Cámara de Diputados con el reparto de 300 curules de mayoría, en donde prevé que Morena tendrá 161 espacios, el PVEM 57 y 38 el PT, de tal forma que la alianza oficialista de Morena tendría 256 diputaciones, mientras los partidos de oposición, en su conjunto, tendrían 44 espacios (PAN: 32, PRI: 9, PRD:1, MC: 1 e Independiente: 1). Como es sabido y ante los resultados del proceso electoral del 2 de junio, el control de la Cámara de Diputados dependerá del reparto de los legisladores plurinominales, diseñados para darle voz a las minorías. Con una intervención ilegal, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, exigió a las autoridades electorales se haga un reparto de pluris por partido político, de tal forma que la mayoría oficialista pueda crecer más allá de los 300 legisladores, beneficiándose del mismo criterio usado por el PRI en 2015 y por Morena en 2018. Sin embargo, expertos electorales y analistas jurídicos critican esta estrategia de sobrerrepresentación y señalan que desde su origen podría aplicarse el tope de 300 legisladores para la coalición, que fue como compitió Morena en la pasada elección.

Este martes, representantes de organizaciones como Unid@s, Seguimos en Marcha, Marea Rosa, Sí por México, Frente Cívico Nacional y Poder Ciudadano se reunieron con consejeros del INE, a quienes pidieron un reparto justo en la Cámara de Diputados con 60 por ciento (300 diputados) para el bloque mayoritario, encabezado por Morena, y 40 por ciento para el resto de los partidos. Argumentaron que el pasado 2 de junio, 54 por ciento de los electores votó por la alianza Morena-Verde-PT, y 42 por ciento por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Durante la reunión con los consejeros electorales, César Damián, de Unid@s; Beatriz Pages y Mariana Calderón, de Sí por México; Amado Avendaño y Fernando Velaunzaran, del Frente Cívico Nacional, y Tomislav Lendo, de Poder Ciudadano, les recordaron que el Consejo General del INE tomó un acuerdo el 7 de diciembre pasado en cuanto a criterios para el reparto de los espacios de representación proporcional, conocidos como plurinominales. También pidieron que el INE explique a los electores el tema del reparto y la sobrerrepresentación. Según su versión, los consejeros electorales en su mayoría dijeron “no han tomado una decisión al respecto”, por lo que la votación a tomarse en la sesión del próximo 3 de agosto no sería unánime, pues están analizando la posibilidad de una interpretación propia del artículo 54 constitucional “para considerar que los techos de sobre representación son aplicables para toda fuerza política, y no para los partidos políticos de manera individual”.

DE LOS PASILLOS

Los trabajadores unidos del Poder Judicial del Decimoprimer Circuito (Morelia y Uruapan) condenaron el actuar e injurias de la ministra Lenia Batres. A través de un comunicado, hicieron pública su inconformidad en contra de la postura asumida por la hermana del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, desde que tomó posesión del cargo que ostenta y le exigieron cese los ataques a la independencia judicial y las provocaciones hacia los integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluida la base trabajadora. Recalcaron lo más importante es “nuestra lucha por la División de Poderes y la independencia judicial que, a su vez, dan vida a la democracia en este país y, en última instancia, son la garantía de las libertades y los derechos humanos conquistados mediante la lucha de muchas generaciones de personas”.

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