Los poderes ejecutivo y legislativo, empeñados en implantar en México un “gobierno de facto”

FACETAS DE MÉXICO

Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo

Desde el momento en que México se proclamó como un país democrático, “gobernado por tres Poderes de la Unión”, quedó inscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Poder Judicial es “la única instancia de supervisión y control de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”. Lo contrario, es abuso de su potestad de decidir y una violación de la Constitución.

En las democracias constitucionales –es el caso de México—quien revisa los actos de los deberes políticos, no puede ser otro del mismo tipo “sino uno imparcial desde la perspectiva política”, con capacidad de verificación de criterios técnicos en defensa de los derechos de ciudadanos y organizaciones sociales contra abusos del Estado”.

El riesgo latente de que el gobierno mexicano en el pasado se convirtiera en dictadura, o por lo menos con un perfil similar, ha permeado desde hace décadas. Este esquema se presentó durante los gobiernos de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, después del porfiriato. 

Ninguno de ellos logró sus propósitos. El primero fue asesinado en el restaurante “La Bombilla” en San Ángel, y el segundo, Elías Calles, fue desterrado una vez que el general Lázaro Cárdenas llegó a la Presidencia de México. Años después, regresó, sólo para entregar su alma al “Creador”.

Regularmente quienes intentan imponer en nuestros tiempos otra forma de gobierno, que puede ser disfrazada con orientación, primero, al populismo. Si prospera, se conduce al socialismo o, de plano, a una dictadura. En América Latina hay ejemplos claros de estos señalamientos, como en Cuba, Nicaragua y Venezuela; en Brasil ha predominado el populismo. Últimamente se ha hablado de populismo en Bolivia, con un tal Evo Morales, quien fue presidente por un periodo de 14 años. 

A este personaje el gobierno de López Obrador –a poco de haber iniciado—lo rescató “de volada” en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, mientras en su país se “calmaban las aguas”. Morales fue acusado de intentar mantenerse en el poder de su país. Ahora regresó, con un carácter de “mansito”.

En el tema que nos ocupa en México, hay que aclarar que, una dictadura se presenta cuando un individuo o un partido afines, ponen en manos de un personaje, el poder de gobernar, con características de manejo autoritario de los poderes del Estado. Así, mantienen el poder político y social a toda costa, incluso ejerciendo violencia sistemática en contra de algunos sectores de la población, medidas restrictivas a medios de comunicación y de otros integrantes de la sociedad.

Cabe hacer notar que, en México, se vive actualmente un periodo político de gobierno “muy agitado” –aunque se espera sea transitorio—debido a la inexperiencia para gobernar un país con más de 130 millones de habitantes, en un territorio cercano a dos millones de kilómetros cuadrados, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

La “herencia” que le dejó el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene varias vertientes muy conflictuadas, como es una economía “estancada”, con alto índice de pobreza y desempleo, endeudamiento interno y externo, el sistema de salud colapsado, la educación igual, 200 mil homicidios dolosos, casi 100 desaparecidos y disminución del Producto Interno Bruto (PIB). 

Desde el ángulo político, el Congreso de la Unión se parece más a una dictadura que a una democracia. La mayoría de diputados y, sobre todo senadores, pertenecen al partido en el poder, MORENA. La impresión de los mexicanos sobre el “nuevo gabinete” del gobierno que encabeza la presidenta Sheinbaum, y los dirigentes del Senado y la Cámara de Diputados, “obedecen instrucciones” del ex presidente López Obrador. 

En el Senado, para alcanzar “mayoría calificada, compraron hasta tres senadores” pertenecientes a otros partidos. Lo lograron, con el inconveniente de que, “los vendidos, son calificados como traidores a sus convicciones, a los electores de sus distritos de Tabasco, Chiapas y Veracruz, que votaron por ellos, y a sus compañeros de bancada y de partido”.

Como es del conocimiento público, el 5 de febrero del presente año, el aún presidente en esa fecha, envió al Congreso de la Unión una propuesta de 20 Reformas Constitucionales, a sabiendas de que ya no estaría en el puesto para observar su comportamiento. Las “lanzó a la buena de Dios”, como indica el dicho, para probar su capacidad de poder, durante y después de haber cumplido su periodo de seis años.

En el marco de esas propuestas de reforma constitucional, dejó un conflicto que durará tiempo para que la vida legislativa, vuelva a su normalidad: la Reforma del Poder Judicial, la cual pretende que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y magistrados, sean electos popularmente, sin tomar en consideración que todos y cada uno de esos servidores públicos, deberán ser preparados jurídicamente y con una experiencia de al menos 15 años en el ejercicio de la abogacía institucional. 

Si se trata de estos cargos, podrían ser 850 personas que serían electas por voto popular, pero si se trata de elegir estos cargos a nivel nacional, estado por estado y municipio por municipio, serían, según se dice, más de 15 mil. 

Al respecto, la Presidenta Sheinbaum afirma que estas reformas fueron por “mandato del pueblo”. Este señalamiento tiene que ver con una apreciación personal, más orientado a su especialidad profesional, que es el comportamiento del medio ambiente, y no el estudio de la jurisprudencia. 

El partido Morena y sus aliados, lograron una votación favorable, en términos gruesos, de 36 millones de electores, en el marco de un padrón electoral de aproximadamente 100 millones de mexicanos en edad de votar. El resto, 64 millones de ciudadanos en condiciones de sufragar, no votó por Morena y sus aliados, sino que lo hizo por otros partidos o no emitió su voto.  

Ante esta creencia, hay que aclarar que nuestro México tiene una población aproximada de 135 millones de habitantes. Y todas y todos somos parte del Pueblo Mexicano, no sólo los electores. El comentario final se refiere a que, los mexicanos de cualquier condición social, no somos afectos a falsa información ni a afirmaciones tajantes, como lo expresado por la señora Sheinbaum, de que “la Reforma Judicial, va, porque es un mandato del pueblo”.