“Ya es hora de reaccionar contra lo que nos ofende y nos doblega autoritariamente”: Conde de Lautréamont

Ciudad de México, 26 de agosto de 2024.- En diversas capitales de entidades del país, se movilizaron este domingo miles de trabajadores del Poder Judicial y críticos de la reforma en la materia, la cual en la Cámara de Diputados les corre prisa por aprobarla y darle gusto al Presidente Andrés Manuel López Obrador con la nulificación de la división de poderes y la carrera judicial. Los manifestantes en la Ciudad de México, Puebla, Chihuahua, entre otras capitales estatales, consideraron las modificaciones no buscan solucionar los problemas del sistema judicial, sino afectar a un poder autónomo. Mientras en San Lázaro inicia la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, dirigentes de oposición, del PRI y PAN, e incluso voces de Morena alertaron de los riesgos que conlleva la batería de reformas constitucionales por aprobar el mes de septiembre si obtienen la mayoría calificada de la coalición “Juntos haremos historia”. En los hechos, producirá “una nueva Constitución”, sin una Asamblea Constituyente, como sucedió en varios países de América Latina en los últimos 30 años.

Cualquier señalamiento merece la burla y en referencia a esa sobrerrepresentación, a las reformas pretendidas partiendo de la referente al Poder Judicial, el presidente calificó lo expresado por Enrique Krausse, sí habrá monarquía y el primero de octubre se coronará a Claudia Carlota. A Don Andrés Manuel, estar ubicado al centro de la polémica, de la crítica, frente a las alertas de crisis, es lo suyo. Se ha visto desde el momento en el cual decidió tomar los pozos petroleros, o la avenida Reforma y, de ahí, se vea lo doble de sus intenciones y personalidad al internarse en un hospital supuestamente víctima de un mal cardiaco cuando se esperaban sus instrucciones para detener la reforma energética de Peña Nieto.

Los juristas, expertos, especialistas, analistas políticos, reprueban el carácter autoritario existente con la destrucción de los equilibrios institucionales; manteniendo el control del discurso político; recrudecimiento los hostigamientos a organizaciones civiles y a periodistas incómodos; militarización y sobrerrepresentación en la Cámara. El régimen de AMLO ha sido incapaz de formular un relato coherente del proyecto político que la mueve. Sus conferencias mañaneras son un dechado de ocurrencias, contradicciones y traiciones. Su evidencia más brutal es el desmesurado crecimiento de la violencia y sus múltiples rostros: impunidad, corrupción, asesinato, desaparición, secuestro, extorsión, inseguridad y desplazamientos masivos.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobará la mayoría calificada para Morena y aliados en la Cámara de Diputados, lo cual, de no ser frenada en el TEPJF  le permitirá la aprobación de reformas constitucionales, ya adelantadas en comisiones en San Lázaro. Por su parte,  la dirigencia del PAN confirmó impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión de los consejeros electorales. “Esta decisión será la más importante y trascendente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque determinará el destino del país; confiamos en que al menos tres de los cinco magistrados, actúen con justicia y determinación, haciendo respetar la pluralidad del voto expresada en las urnas. La decisión avalada en votación dividida de siete consejeras y consejeros que votaron a favor y cuatro en contra, contradice los principios de equidad y representación justa que debe regir nuestro sistema democrático (…) La sobrerrepresentación de un partido o coalición crea una mayoría ficticia y no solo altera el balance político, sino que también vulnera la confianza de la ciudadanía en la ley y las instituciones”, indicó el PAN.

El Plan C de AMLO es equivalente a las asambleas constituyentes que permitieron cambios de régimen en varios países de la región en los últimos 30 años, consideró el filósofo y sociólogo Armando Bartra. Indicó que el paquete de 18 reformas estructurales consideradas en el proyecto legislativo del mandatario, más cuatro adicionales, el cual cuenta con el apoyo de la presidentA electa Claudia Sheinbaum, producirá, en los hechos, una “nueva Constitución” que plasmará el proyecto político, económico y social de la Cuarta Transformación. Lo que se verá en las próximas semanas, dijo, es un proceso equivalente al de las asambleas constituyentes que en su momento impulsaron Hugo Chávez en Venezuela (1999), Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa en Ecuador (2007).

Las reformas centrales del Plan C son la del Poder Judicial, donde los jueces y magistrados serían electos por votación popular; la política, que contempla la eventual desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales; la administrativa, que pone en la mira a los organismos autónomos; la que busca elevar a rango constitucional programas sociales como el de pensiones; la de salud universal y la del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Además, Sheinbaum impulsará en el Congreso la entrega de apoyos a mujeres de entre 60 y 64 años, la ampliación de becas para educación básica, la eliminación de la reelección y cambios a la ley del ISSSTE. Para Bartra, “no es deseable para la democracia” tener mayorías calificadas” y “aplanadora legislativa”, pero es la única forma de sacar adelante la agenda de reformas de AMLO y Claudia Sheinbaum.

Para salvaguardar la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) formalizó un Comité de Diálogo para tomar decisiones ejecutivas y vinculantes durante el paro de labores y en cumplimiento de lo establecido en su “Declaratoria formal de suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación”. Los integrantes son: Jueza Juana Fuentes Velásquez, directora nacional de JUFED y jueza en el Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la Ciudad de México; Magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, A. C.  magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Magistrada Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AWJ) y Magistradas del Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur en la Ciudad de México; Magistrada Iliana Fabricia Contreras Perales, directora nacional de Organización en JUFED y Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Magistrado Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, coordinador del Comité Ejecutivo de Independencia Judicial de JUFED y Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región de Saltillo; Magistrado Miguel Bonilla López, miembro del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial y Magistrado del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte en la Ciudad de México; y Magistrado Tarsicio Aguilera Troncoso, director nacional Jurídico de JUFED y Magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Todos ellos deberán estar atentos a la posible persecusión de “Lolita”, o sobre algunos renglones de su vida personal dados a conocer para degradarlos. Ya saben con quien o mejor dicho quienes se estan enfrentando.

DE LOS PASILLOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, sobre la reforma al Poder Judicial, pues, dijo, es un tema que corresponde únicamente a los mexicanos. “No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamento para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter?”, cuestionó… El titular del Ejecutivo federal también hizo un llamado a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del gobierno de Enrique Peña Nieto, a entregarse y aclarar las acusaciones en su contra sobre el caso Ayotzinapa. “Ayudaría mucho que viniera a declarar y asumir su responsabilidad, tienen acusaciones de que él fue el que llevó a cabo actos de tortura o él los coordinó a los torturadores para que declararán lo que les convenía al gobierno”. Subrayó su dicho de no proteger a nadie, ni al “licenciado Peña Nieto” porque “no soy tapadera”, seguramente no recuerda el haberlo considerado “gran demócrata”.